Colypro se solidariza con la Defensa de la Educación Pública

Colypro se solidariza con la Defensa de la Educación Pública
“Hacia un pacto nacional por la educación pública en Costa Rica’’

San José, Costa Rica – 16/06/2023. Colypro, con fundamento en su Ley Orgánica 4770 y sus reformas, expresa su más profunda solidaridad hacia la Defensa de la Educación Pública. Reivindicamos la importancia de la educación como un derecho humano fundamental y nos unimos a quienes luchan por garantizar el acceso equitativo a la educación de calidad para todas y todos.

El Derecho a la Educación Pública es un pilar fundamental para el desarrollo de sociedades justas y equitativas; a través de la educación, se promueve el empoderamiento de las personas, se fomenta la igualdad de oportunidades y la movilidad social, además se construye una ciudadanía informada y comprometida con la transformación social. Sin embargo, lamentablemente, nos encontramos en una crisis educativa de carácter histórico y multicausal, ante la ausencia de compromisos claros de largo plazo para la implementación de políticas y acciones que reformen las causas estructurales que nos han llevado a la situación actual.

Las decisiones de política pública deben basarse en fundamentos técnicos y científicos, en respeto de las normas constitucionales y la ley, pilares que han consolidado nuestro Estado Social de Derecho. Las decisiones que se tomen, deben ser orientadas bajo los criterios de justicia social y asegurar la equidad e inclusión de la población históricamente excluida, en un marco del diálogo social, para dar continuidad a las políticas que se han consolidado como buenas prácticas en materia de educación.

En este sentido, Colypro respalda firmemente las demandas en Defensa de la Educación Pública, que incluyen:

1. Incumplimiento histórico del mandato de la Constitución Política de invertir el 8 % del PIB en Educación. Repudiamos el recorte de 3.200 millones de colones, contemplados en la propuesta de segundo presupuesto extraordinario, Expediente N.° 23.732, presentado por el Poder Ejecutivo. En este sentido, instamos a las autoridades gubernamentales a ser coherentes y acoger los principios constitucionales que benefician a nuestra sociedad costarricense.
2. Consideramos necesario asegurar la continuidad y mejora de la política pública educativa, la cual debe responder a los principales desafíos para asegurar el derecho a la educación pública y de calidad de nuestra población estudiantil. La misma debe ser consultada a los distintos actores y la población docente, y basarse en los fundamentos de la ciencia y la técnica, bajo criterios de justicia e inclusión social.
3. Exhortamos a la implementación del currículo completo en todo el territorio nacional, así como la ejecución de programas adaptados a las necesidades de cada cultura y población, de la mano de acciones que permitan el acompañamiento docente y toma de decisiones para eliminar la carga administrativa y fortalecer la labor pedagógica.
4. Nuestro sistema educativo debe transitar a medios de evaluación basados en principios pedagógicos y científicos acordes con nuestra realidad educativa, con propósitos claros y una metodología fundamentada, que promueva la inclusión educativa y brinde las bases para la recuperación y aceleración del aprendizaje de las y los estudiantes en el contexto de pospandemia.
5. El debilitamiento en la inversión social para la educación afecta inevitablemente la cobertura, calidad y pertinencia de los programas de equidad afectando a las poblaciones más vulnerables, se requiere el compromiso de ampliar su cobertura y acceso, para reintegrar a todos los niños, niñas, adolescentes y población adulta joven que han abandonado el sistema educativo y asegurar que permanezcan en él.
6. Respaldamos las iniciativas jurídicas que buscan eliminar el cobro injusto e ilegal de supuestas sumas “pagadas de más” al personal docente  por el reconocimiento del Incentivo para el Desarrollo Didáctico (IDD), solicitamos vehementemente suspender dicho cobro que atenta contra los ingresos y la calidad de vida de las y los trabajadores de la educación.
7. Considerando que el salario global transitorio determinó sumas odiosas e injustas para reconocer el trabajo de las y los profesionales en educación, asimismo se  impide pagar recargos de funciones y ampliación de jornadas en el MEP, solicitamos posponer su entrada en vigencia a través de un transitorio en el Decreto Ejecutivo N.° 43.952-PLAN del 28 de febrero de 2023 (Reglamento a la Ley Marco de Empleo Público), para ello el Colegio Profesional pone a disposición su experticia técnica, para asegurar un cálculo que dignifique la profesión docente mediante un reconocimiento salarial justo a la labor pedagógica.
8. Hacemos un llamado por la Defensa del Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional y la Seguridad Social Costarricense, denunciamos el ataque sistemático al que se expone nuestro régimen de pensiones, con al menos nueve proyectos de ley que no solucionan los desafíos de nuestra sociedad en el tema de pensiones, el cual fue concebido y opera a partir de criterios de solidaridad y la búsqueda del bienestar social.

Colypro insta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a comprometerse activamente por la defensa y promoción del Derecho a la Educación Pública de calidad y a atender el llamado de la ciudadanía y los distintos actores sociales que hoy se manifiestan.

Es responsabilidad de todas y todos trabajar, en conjunto, para garantizar que cada niño, joven o adulto tenga acceso a una educación de calidad que les permita alcanzar su pleno potencial y contribuir al desarrollo sostenible de sus comunidades.

Apoyamos la movilización pacífica y el diálogo constructivo como herramientas fundamentales para impulsar el cambio social necesario. Nos sumamos al llamado en Defensa de la Educación Pública para que se escuche su voz y se tomen medidas concretas para garantizar la igualdad de oportunidades educativas para todas y todos.