Colypro se solidariza con las luchas por la defensa de la educación y del Estado de derecho

Colypro se solidariza con las luchas por la defensa de la educación y del Estado de derecho

En el modelo costarricense, el concepto de Estado posee un profundo arraigo, tanto en la idiosincrasia, como en el establecimiento, organización y desarrollo de su sistema educativo. Bien son conocidas por nuestra sociedad las aportaciones al desarrollo y consolidación del Estado costarricense, de próceres como Juan Mora Fernández, José María Castro Madriz, Jesús Jiménez Zamora, Bernardo Soto Alfaro, Mauro Fernández Acuña, Marian Le Cappellain, entre otros; quienes visionariamente enfocaron sus esfuerzos en desarrollar una Costa Rica a la sombra y abrigo de un sistema educativo que perpetuara los más altos valores humanos que caracterizan el ser costarricense.

La importancia de la educación en nuestro Estado de derecho, soberano y  democrático, no puede subestimarse, ya que la educación desempeña un papel fundamental en la promoción y el fortalecimiento de los principios democráticos y en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

El artículo 78 de la Constitución Política, reformado a partir del año 2011, establece por mandato constitucional que el Estado tiene la obligación de dedicar a la educación estatal un presupuesto no menor al 8 % anual del PIB.

Es importante recordar que la Sala Constitucional de Costa Rica declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República del Ejercicio Económico 2015, pues en ese momento se le asignó a la educación pública un presupuesto insuficiente, donde los señores Magistrados indicaron:

“Al tenor de lo resuelto en la anterior sentencia de la Sala Constitucional, los exhortamos a no cometer la misma infracción de los Gobiernos antecesores, que bien podría constituir desacato y un incumplimiento de deberes”.

Es una verdadera pena que esta norma no se ha respetado ni cumplido durante los periodos 2014-2018, 2018-2022, ni en la Administración actual, donde se aprobó para el año 2023, un presupuesto para el sector educación de ₡2.781.003 millones, lo que equivale al 6,0 % respecto al PIB. Este monto representa una disminución del 1,2 % respecto al presupuesto inicial del 2022, donde el monto aprobado en su momento para la educación fue de ₡2.857.977 millones, denotando claramente que el presupuesto 2023 para la educación ha sido un presupuesto aún más bajo que en los últimos nueve años, según lo ha informado la Contraloría General de la República (CGR).

La rebaja en el presupuesto a la educación atenta contra los derechos humanos básicos, ya que se evidencia el irrespeto a la Constitución de Costa Rica, así como una violación al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al ser contrario a la regla de progresividad, donde se establece que los países deben reconocer y garantizar progresivamente el disfrute de estos derechos, haciendo alusión a temas como educación, salud, acceso a la ciencia o a la cultura, entre otros.

A partir de dicho contexto, desde la Junta Directiva de Colypro manifestamos nuestro apoyo a las luchas en defensa de la educación costarricense, bajo los siguientes argumentos que colocan a la educación como un pilar fundamental para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad.

 Empoderamiento ciudadano: la educación proporciona a los ciudadanos costarricenses las herramientas necesarias para comprender y participar activamente en el proceso democrático. Una población educada está mejor equipada para tomar decisiones informadas en las elecciones, entender las políticas públicas y ejercer sus derechos y responsabilidades cívicas de manera efectiva.

Igualdad de oportunidades: la educación es un vehículo para la igualdad de oportunidades. En una democracia, se busca garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La educación de calidad asegura que todos tengan acceso a la misma base de conocimientos y habilidades, sin importar su origen social, económico o cultural.

Tolerancia y pluralismo: la educación fomenta la tolerancia y el respeto por la diversidad. En una sociedad democrática, es fundamental que las personas sean capaces de convivir en armonía, a pesar de sus diferencias culturales, religiosas o políticas. La educación promueve la comprensión intercultural y el respeto por las opiniones y creencias de los demás.

Desarrollo de pensamiento crítico: la educación fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar la autoridad. En una democracia, es esencial que los ciudadanos sean capaces de analizar de manera objetiva la información y cuestionar las decisiones de los líderes políticos. Una población educada es menos propensa a la manipulación y más capaz de tomar decisiones informadas.

Participación activa en la sociedad: la educación no solo es importante para comprender la democracia, sino también para participar activamente en la sociedad. Las habilidades adquiridas a través de la educación, como la comunicación efectiva, el razonamiento lógico y la resolución de problemas, son esenciales para la participación cívica y la resolución de conflictos de manera pacífica.

Desarrollo económico y social: la educación es un motor clave para el desarrollo económico y social en un estado democrático. Una población educada tiende a tener una mayor capacidad para innovar, emprender y contribuir al crecimiento económico. Además, una sociedad con un alto nivel educativo puede construir alternativas de desarrollo para afrontar la desigualdad y la exclusión social.

En resumen, la educación desempeña un papel esencial en la consolidación de un Estado de derecho democrático. Al empoderar a los ciudadanos, promover la igualdad de oportunidades, fomentar la tolerancia, desarrollar el pensamiento crítico y estimular la participación activa, la educación sienta las bases para una sociedad justa, equitativa y democrática. Es responsabilidad de los gobiernos y la sociedad, en su conjunto, invertir en educación y asegurar que sea accesible y de alta calidad para todos, ya que esta es la base de una democracia sólida y un futuro próspero.

Por tanto, solicitamos a las Autoridades Ministeriales y de Gobierno, se adopten las medidas pertinentes y oportunas que garanticen la sostenibilidad y mejoramiento de nuestro sistema educativo, considerando, entre otros factores: 

Financiamiento y asignación de recursos: la inversión pública en educación es fundamental, deben asignarse los recursos adecuados para garantizar que los centros educativos cuenten con la infraestructura adecuada, docentes bien remunerados y acceso a materiales educativos de calidad.

Políticas educativas: las políticas educativas, como los planes de estudio, los métodos de enseñanza, la evaluación de docentes y estudiantes, y los programas de apoyo, influyen en la calidad de la educación. Las políticas deben ser actualizadas y adaptadas a las necesidades cambiantes de la sociedad.

Acceso y equidad: las políticas relacionadas con el acceso a la educación y la equidad son cruciales. Es importante garantizar que todos los grupos de la sociedad, independientemente de su origen étnico, género, situación o ubicación geográfica, tengan igualdad de oportunidades en el sistema educativo.

Inversión en formación y desarrollo docente: la capacitación y desarrollo profesional de los docentes son esenciales para la calidad de la enseñanza. Los programas de formación y actualización deben ser una prioridad.

Infraestructura y tecnología: la infraestructura educativa, que incluye edificios, equipos y tecnología, es fundamental para la entrega efectiva de la educación. La inversión en infraestructura y tecnología mejora la calidad de la enseñanza. 

Participación de las personas encargadas y la comunidad: la participación activa de las personas encargadas y la comunidad en la educación puede mejorar, significativamente, el sistema educativo. Esto puede incluir el apoyo a las instituciones, la participación en actividades educativas y la promoción de un entorno de aprendizaje en el hogar.

Cultura y valores: los valores culturales y sociales de una sociedad pueden influir en la actitud hacia la educación. Valorar la educación y el aprendizaje es un factor importante para el éxito del sistema educativo. 

Niveles de desigualdad: las desigualdades socioeconómicas y culturales tienen un impacto negativo en la educación. Reducir estas desigualdades es esencial para garantizar la equidad en la educación.

Compensación y jubilación: un régimen de compensación y jubilación equitativo y sostenible desempeña un papel fundamental en el mejoramiento del sistema educativo y, a su vez, contribuye al desarrollo económico y social, en general. Un sistema de jubilación adecuado a las condiciones reales del trabajo docente incluye el reconocimiento de sus situaciones particulares de empleo, sus condiciones medioambientales, la exposición a enfermedades profesionales, la protección en caso de accidentes de trabajo ocurridos no solo durante las horas dedicadas a la enseñanza en el interior de la escuela, sino también en el curso de actividades escolares fuera del establecimiento escolar, entre otros. 

Demografía y dinámica poblacional: el crecimiento demográfico y la diversidad de la población afectan la demanda y los recursos disponibles para la educación. Los sistemas educativos deben adaptarse a estos cambios.

En conclusión, el éxito de un sistema educativo depende de la interacción de factores políticos, económicos y sociales. Es importante que las autoridades, las comunidades y otros actores relevantes trabajemos juntos para abordar estos factores y garantizar que la educación sea accesible, equitativa y de alta calidad para todos los ciudadanos.

Por lo anterior:

La Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes apoya y se solidariza con el llamado a participar de la “MARCHA PACÍFICA DE PROTESTA SOCIAL POR LA PROTECCIÓN DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO”, a realizarse el próximo 25 de octubre de 2023; toda vez que el sector magisterial, por su rol social, constituye un pilar fundamental para preservar y fortalecer el Estado Social de Derecho.