Colypro exige respeto a las condiciones laborales docentes

Ley Marco de Empleo Público
Colypro exige respeto a las condiciones laborales docentes

La Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro), en su deber de fomentar y regular una educación de calidad en beneficio de la sociedad costarricense, mediante el control del ejercicio legal, ético y competente de la profesión docente, y al amparo de Ley Orgánica N.º 4770 en su artículo 2, manifiesta su preocupación ante la implementación de la Ley Marco de Empleo Público y su Reglamento.

En el oficio CLYP-AG-PRES-021-2023, presentado el 16 de marzo del año en curso, el Colegio realizó una serie de cuestionamientos y solicitud de aclaraciones a las autoridades de Gobierno sobre lo dispuesto en la directriz ministerial N.º 001-2023-PLAN, las cuales, al día de hoy, no han sido respondidas.

Colypro, nuevamente, alza la voz para denunciar y exponer aquellas acciones que van en deterioro de la función pública y, específicamente, de los profesionales en educación. La Ley Marco de Empleo Público ha generado incertidumbre jurídica, en menoscabo de las condiciones sociolaborales de las personas docentes, lo cual trae como consecuencia un deterioro de su calidad de vida y, por ende, un detrimento de la calidad del servicio prestado a la Nación.

La Constitución Política de la República de Costa Rica, en su artículo 57, señala que toda persona trabajadora tiene derecho a un salario que le procure bienestar y una existencia digna. Al congelar los salarios, eliminar los incentivos y afectar otros reconocimientos remunerados, se precariza el ejercicio de la función docente, misma que adolece de recargos laborales, tales como doble y triple jornada, participación en comités de evaluación y apoyo, atención de programas de educación de adultos, realización de funciones administrativas y mucho más.

Sumado a lo anterior, la Ley de cita es ambigua en torno a la definición de los conceptos “exclusivo” y “excluyentes”, en relación con las familias de puestos, dejando así un vacío en la determinación de dichos criterios y cercenando el legítimo derecho al crecimiento profesional de nuestras educadoras y educadores, lo cual atenta también contra la calidad del sistema educativo y contra las posibilidades de desarrollo y formación de las personas estudiantes, derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna.

Otras afectaciones recurrentes, como consecuencia de la entrada en vigencia de esta Ley y sus vacíos, es que, inevitablemente, el país sufrirá la fuga de talentos y una carencia sostenida de oferentes para los distintos puestos docentes y administrativos; asimismo, quedan entredicho los procedimientos que utilizará el Estado para garantizar la idoneidad en el servicio público. ¿Quiénes optarán por ejercer carreras en educación si sus ingresos no serán suficientes para subsistir ante el alza del costo de la vida? ¿Será que existen intereses para debilitar la educación pública y atentar contra la institucionalidad?

Esta infausta situación legal que vive nuestro país responde a un compromiso gubernamental, que inició a partir de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N.º 9635 y, posteriormente, con la imposición de la regla fiscal y la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público. Todo lo anterior, con el fin de aplicar las medidas solicitadas por el Fondo Monetario Internacional para acceder a un crédito blando de $1.778 millones.

En este mismo sentido, el Ministerio de Educación Pública emitió la circular  DVM-A-DRH-03-0005-2023, que indica que las personas reclutadas posterior al 10 de marzo de 2023 no recibirán pago de salario hasta tener habilitados los sistemas informáticos con las nuevas escalas salariales. Este documento deja expuesto un vacío más en la Ley de Empleo Público, pues el mismo indica que no se recomienda contratar a personal de nuevo ingreso para atender los servicios educativos.

El Colegio apoya todas las acciones constitucionales para fortalecer la soberanía y el Estado de derecho, especialmente aquellas que defiendan el bienestar y la calidad de vida de las personas docentes, sin perder la esencia de función; asimismo, se solidariza con las luchas de otros sectores productivos de la sociedad que están intrínsecamente relacionados con la educación y el progreso social.

Colypro estuvo, está y seguirá estando activo y vigilante de que los docentes, los estudiantes, las familias y la sociedad costarricense, en general, reciban las mejores condiciones posibles. Seguiremos participando en los espacios donde se hacen las leyes y donde se generan las políticas públicas educativas. Porque no hay democracia sin educación, ni educación sin dignificación.

#EmpleoDignoYa