Colegio de Licenciados y Profesores en

Letras, Filosofía, Ciencias y Artes Costa Rica

Modernidad política e independencia: el caso de Costa Rica 

Contacte al Autor: Juan Rafael Quesada Camacho

En 1848, cuando se realizó la separación definitiva de Costa Rica de la Federación Centroamericana, se afirmaba que durante la época colonial existía una relación de metrópoli y colonia, y que, por ende, por una reacción instintiva, en 1821 Costa Rica se separó del coloso que nos oprimía. (1)

El tono de la cita anterior podría hacer pensar que en Costa Rica, el proceso de independencia también fue producto de la “guerra a muerte”, como fue el caso del Virreinato de Nueva España (México) y el de la mayor parte de los países suramericanos. Sin embargo, la situación en Costa Rica fue muy diferente de ese “modelo”, aunque compartió algunas de las consecuencias producidas a raíz de la ruptura con más de tres siglos de dominación colonial.

1. ¿Revolución o guerra o revolución desde arriba?
Indudablemente, según lo han señalado numerosos estudiosos, la independencia de los llamados países hispanoamericanos fue producto de una guerra revolucionaria, resultado, a su vez de un “largo proceso de enajenación en el cual Hispanoamérica se dio cuenta de su propia identidad, tomó conciencia de su cultura, se hizo celosa de sus recursos” (2). De acuerdo con Tulio Halperin Donghi, ese proceso violento produjo, a lo largo de los años de lucha, “un cambio significativo en las estructuras económicas, sociales y políticas, entre las cuales la más significativa fue, tal vez por su proyección, la configuración de una nueva élite de poder”. (3)

Otro resultado de ese proceso fue que, como lo hemos dicho en otro lugar, la generación que participó en la guerra de independencia utilizó el pasado como instancia legitimadora del poder. Así, el nacimiento de la historiografía latinoamericana está asociado directamente al surgimiento de los estados nacionales. En efecto, la necesidad de reforzar los nuevos estados hizo que la historia fuera un instrumento creador de lealtades nacionales, lo que explica que esta materia de estudio se incorporara rápidamente a los programas de estudio. (4)
En contraste con el caso mexicano y suramericano, el caso o “modelo” centroamericano se presenta como el de una “revolución desde arriba”. Esto quiere decir que se enfatiza en que la independencia de Centroamérica se debió más a las fuerzas externas [movimiento encabezado por Rafael de Riego, en España, y la proclamación del Plan de Iguala en México] “que a la voluntad de las clases o grupos autóctonos”. (5) Desde esa óptica, se ha dicho que, políticamente, el 15 de setiembre –fecha considerada tradicionalmente como la de la independencia del antiguo reino de Guatemala– se consumó una verdadera “revolución desde arriba”. (6)

En nuestro criterio, esa afirmación merece más análisis. Es cierto que, vistas las cosas desde una perspectiva de corta duración, muchos hechos hacen pensar que la oligarquía criolla centroamericana proclamó la independencia con el fin de seguir conservando el poder político y, de esa manera, construir una patria criolla. No obstante, es un error subestimar el hecho de que desde 1811 los centroamericanos protagonizaron movimientos anti-españolistas, aunque no llegaron a cuestionar la institución monárquica.

Se constata que es en El Salvador, parte del Reino de Guatemala, donde aparecen los primeros movimientos promotores de la independencia. El 4 y 5 de noviembre de 1811 se llevaron a cabo acciones en contra del intendente de San Salvador, lo mismo que contra los estancos y tributos. A raíz de esta revuelta, San Salvador estuvo gobernado durante 28 días por el Ayuntamiento, y no fueron los únicos, pues otras poblaciones manifestaron el apoyo a lo ocurrido en la capital salvadoreña. Empero, las autoridades guatemaltecas, con el apoyo de la jerarquía eclesiástica, lograron restablecer el orden colonial. (7)

En el mismo año, en Nicaragua, durante todo el mes de diciembre, estallan movimientos insurreccionales en las ciudades de León, Granada, y en la Villa de Nicaragua (posteriormente llamado Rivas), los cuales se prolongan hasta los primeros meses de 1812. El motivo de la revuelta era la oposición a ciertas autoridades, la abolición del monopolio de aguardiente y la eliminación de algunos impuestos, así como la liberación de presos. De nuevo las autoridades militares guatemaltecas, con el respaldo entusiasta del clero, intervienen con numerosos efectivos con el fin de aplastar la sublevación. Numerosos patriotas son sometidos a un proceso, después del cual algunos son condenados a ser fusilados, otros a cadena perpetua.

También en Honduras, el 1 de enero de 1812, estalló un motín; hombres armados de palos y machetes tratan de oponerse al nombramiento de dos autoridades peninsulares. Una vez más las aguas recobraron su cauce, con la llegada de fuerzas militares provenientes de Guatemala.

Uno de los movimientos inconformistas más significativos acaecidos en el Reino de Guatemala, es la llamada Conspiración de Belén. Ese nombre se debe a que las autoridades tenían información de que en el convento de la orden bethlemita se había organizado un complot. Este consistía, supuestamente, en la destitución del represivo capitán general José María Bustamante, la liberación de los presos granadinos y la proclamación de la independencia. Descubiertos los “conspiradores” de Belén, el 21 de diciembre de 1813, fueron objeto de una furiosa persecución. Quince patriotas fueron condenados a muerte, seis individuos fueron condenados a diez años de prisión en África, y otros cuatro a “estrañamiento perpetuo en las Américas”. (8)

En 1814, San Salvador protagonizó un nuevo conato de rebelión. En esta ocasión las contradicciones entre criollos y peninsulares se expresaron en el ámbito del cabildo, institución, que, como es sabido, adquirió un impulso significativo a partir de la promulgación de la constitución de Cádiz. Ocurrió que individuos que no eran del agrado de las autoridades resultaron electas en el ayuntamiento, entre ellos el prócer Manuel José Arce. Luego fueron escogidos como alcaldes de barrio, personas que en su mayoría eran antiespañolistas. Ante esta realidad, las autoridades salvadoreñas y los guatemaltecos reaccionan con medidas represivas y encarcelan a dos alcaldes de barrios. Como reacción, el 24 de enero los patriotas se movilizan masivamente. El movimiento es dispersado a fuerza de bala, y Arce, a quien se le consideraba “el alma de la Conjuración” es condenado a varios años de cárcel.

Como es conocido, la restauración de Fernando VII dio origen, en España, a una brutal represión contra los “afrancesados” y los liberales. Esto consolidó la figura de Bustamante, quien logró suprimir las manifestaciones de oposición. Celebró la abolición de las Cortes y la Constitución (de Cádiz) y orquestó una persecución sistemática contra los criollos liberales y los miembros del ayuntamiento; de hecho, contra todos los que habían aprobado las instrucciones otorgadas por el cabildo a Antonio Larrazábal, diputado de Guatemala en las Cortes de Cádiz, el cual fue encarcelado en España por la reacción absolutista.

De esa manera en Centroamérica la fidelidad a la metrópoli era mantenida con “garrote en la mano”, y Bustamante se jactaba de que Guatemala era “el resguardo de la frontera con México”. Al final de su régimen (1811-1818), los proyectos republicanos encarnados por el modelo de la repúblicas francesa y estadounidense todavía eran retadores para las élites españolas e hispanoamericanas, pero las ideas francesas por ejemplo, el concepto del Congreso como “órgano nato de la voluntad popular” se imponían cada vez con más fuerza. Esos sectores necesitaban una propuesta moderada de independencia, diferente a las que Hidalgo, Morelos y otros rebeldes de la primera época habían ofrecido. También requerían de un elemento catalizador que empujara a los grupos mercantiles al proyecto emancipador. (10)

Ese elemento catalizador fue la llamada “revolución española” de enero a marzo de 1820, que encabezada por Rafael de Riego se levantó contra el régimen absolutista de Fernando VII. Al calor de estos acontecimientos, en México, el militar Agustín de Iturbide pone fin a la insurrección popular, y proclama el Plan de Iguala, basado en los principios de independencia, religión católica, y unión de mexicanos y españoles bajo una monarquía constitucional. A su vez Iturbide invita a las autoridades centroamericanas a adherirse a su Plan. Eso dio inicio, en Centroamérica, el 15 de setiembre de 1821, a la supuesta “revolución desde arriba”.

2. El caso costarricense
Corrientemente se dice que en Costa Rica la independencia fue producto de un acto administrativo,quellegócomo“caídadelcielo”.Tambiénsedestacaquepocassemanasdespués de conocerse el acta de Guatemala del 15 de setiembre, los habitantes de Costa Rica fueron capaces de elaborar, en unas pocas semanas, una constitución, punto de partida de la construcción de ese “cuerpo político soberano” llamado estado costarricense.

¿Se puede hablar, entonces, de la especificidad del caso costarricense?
En contraste con la intensidad de los movimientos antiespañolistas ocurridos en el resto de Centroamérica, especialmente en Guatemala y El Salvador, en Costa Rica apenas se produjeron protestas contra los impuestos y los estancos, pero nunca hubo manifestaciones que cuestionaran las autoridades provinciales, ni menos aún a la institución de la monarquía. No obstante, a finales de 1811, se produjo una especie de contagio de la insurrección que en ese momento tenía lugar en Nicaragua. Así, en la actual ciudad de Liberia (llamada entonces Guanacaste), el 31 de diciembre de 1811 estalló un conato de rebelión dirigido contra los estancos de aguardiente y tabaco. Nicoya siguió por el mismo camino de Guanacaste.

Del mismo modo, en Cartago, el 25 enero de 1812, un grupo de vecinos solicita ser liberado de ciertas contribuciones. Y en la población de San José, casi un mes después, fue atacada una tercena de tabaco. Alertado Bustamante de la supuesta presencia de un grupo de “sediciosos” venidos de León, le solicita al gobernador Juan de Dios Ayala enviar el Batallón provincial de Costa Rica a pacificar Nicoya y villa Nicaragua (Rivas). Ese cuerpo militar salió de Cartago el 3 de abril, y (ya) un mes después había logrado cumplir con su “misión de paz”, es decir, asegurar, con la colaboración de clero, la fidelidad al rey, por parte de esas poblaciones y de Bagaces. (11)

Aparte de estas manifestaciones de descontento, Costa Rica, el territorio más meridional de la Capitanía general de Guatemala, permanecía imperturbable frente a su apacible devenir. Hasta 1821, la fidelidad a la Corona se mantuvo incólume, lo que haría decir al gobernador Juan de Dios de Ayala, en 1816, que la provincia de Costa Rica se había destacado por ser “amantes todos a su Real persona”. (12)

¿Cómo se realizó, entonces, el tránsito de Costa Rica a la independencia? ¿Sería, acaso como un simple “eslabón” más de la “revolución desde arriba”?

Modernidad política e independencia
Postulamos que en Costa Rica la independencia no fue el resultado de luchas cruentas ni gloriosas, y que en 1821 pocas personas soñaban con la emancipación. Pero, gracias al proceso de transformación generado por las Cortes de Cádiz, entre los “costarricas” se había desarrollado un nuevo imaginario político colectivo basado en los valores de modernidad política. Por esa razón al tenerse noticia de los sucesos acaecidos en Guatemala, el 15 de setiembre, nuestros antepasados, a pesar de ciertas ambigüedades, en pocas semanas, elaboraron y aprobaron la primera Constitución política como país independiente. Emergió de esa manera, la nación moderna o política, es decir, la comunidad política o “asociación voluntaria de hombres libres” -en el lenguaje de Rousseauy con ello el Estado nación costarricense.

¿Cómo se produjo ese proceso?
Antes de referirnos a ello, es necesario hacer ciertas precisiones conceptuales. Por modernidad política se entiende un nuevo orden de ideas, de imaginarios sociales, de valores y comportamientos que configuran una nueva era, que da origen a un hombre nuevo, una nueva sociedad y una nueva política.

Surge una nueva legitimidad -la de la nación o pueblo soberano, en contraste con la soberanía regia o del reyo sea, un cambio esencial es el paso del súbdito o vasallo al ciudadano soberano; aparece una nueva política con actores de una clase nueva que, por primera vez, pueden llamarse políticos, en tanto que se integran, precisamente, para conquistar esa nueva legitimidad.

Este nuevo orden de cosas, que se concreta, fundamentalmente, gracias a la Revolución francesa, se relaciona, y contrasta, a la vez, con el concepto de imaginario monárquico. Por ello debe entenderse un grupo de ideas dentro de las cuales la figura del monarca ocupaba un papel central, estaba ligada indisolublemente al reino, a la nación; ofender al reino era ofender a la nación. En suma, “creencias” del antiguo régimen eran la sacralidad, la aceptación del gobierno por decreto y la fidelidad hacia la iglesia. En ese contexto, los vocablos señor, vasallaje, fidelidad, lealtad, son fundamentales. Obligación ineludible del vasallo era el deber de asistencia a su señor, tomando, incluso, las armas para defenderlo.

Se puede afirmar que durante todo el antiguo régimen, en la monarquía hispánica -en sus pilares, el español y el americanoese imaginario se mantuvo incólume, no obstante, en vísperas de la crisis de 1808, el poder omnímodo del monarca había sido puesto en entredicho, en el espíritu de la mayoría de las élites, moderadas o liberales. (13)

Todo empezó en 1808
Como es bien sabido, en España, durante todo el siglo XVIII, siglo de gran ebullición intelectual, se llevó a cabo un importante programa reformista, el cual se truncó en 1808, al producirse a principios de ese año, la invasión de Napoleón Bonaparte a ese país. A raíz de ese acontecimiento se generó una serie de acontecimientos que dieron origen a la convocatoria de las Cortes (comúnmente conocidas como de Cádiz) y culminarían con la revolución liberal de 1820, y la independencia de las colonias americanas.

Entre las consecuencias más significativas cabe destacar, en primer lugar, el decreto de la Junta Central del 22 de mayo de 1809, por medio del cual convocaba a Cortes para setiembre de 1810. Entre las primeras medidas adoptadas por este órgano está la de “libertad política de imprenta” (10 de diciembre). Esto es fundamental, porque sus proponentes llamados “partidarios de la libertad”, esperaban que con ello todos pudieran “escribir, imprimir y publicar sus ideas” sin necesidad de alguna licencia, revisión o aprobación previa. Esto fue vital, como se sabe, para el desarrollo de las ideas de la ilustración y de la independencia.

Igualmente, las Cortes, por medio de una vasta obra legislativa que se prolongó hasta 1814, se empeñaron en el diseño de un nuevo modelo de Estado, el liberal burgués, derrumbando el edificio político del antiguo régimen y los fundamentos jurídicos de las estructuras sociales sobre las que éste se sustentaba. Esto se manifestó en tres cambios trascendentales incluidos en la llamada Constitución de Cádiz. Con respecto al tema de la nación, se determinó que ésta era el sujeto esencial de la soberanía, con lo que se destruía el pilar teórico, tal vez el más importante, de la monarquía. O sea, la soberanía colectiva reemplaza al rey, el ciudadano -en el sentido universal, no de vecinopasa a ser el nuevo soberano.

En relación con el tema de la soberanía nacional, después de múltiples y acalorados debates se determinó que “la soberanía reside esencialmente en la nación, y por lo mismo le pertenece exclusivamente el derecho de establecer leyes fundamentales”. La última parte de la propuesta que decía: “y de adoptar la forma de gobierno que le convenga” no fue aceptada, pues contó con la oposición radical del sector tradicionalista o realista de las Cortes.

En lo que concierne al poder legislativo se estipuló que la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. Además, el título tercero de la Constitución establecía el principio de división de poderes, aunque no de manera equilibrada, pues le confería primacía al legislativo en (relación) comparación con el ejecutivo y judicial.

Se constata que estos cambios se fundamentaban en las ideas y valores de la modernidad política. En ese sentido es muy revelador el papel que se le otorgaba a la educación, en concordancia con las transformaciones que se daban en España. Así, de acuerdo con concepciones propiamente liberales, se concebía que la educación debía tener como tarea fundamental la educación del ciudadano. Por ello, en un amplio capítulo dedicado a la educación se determinaba la obligación de enseñar, en las “escuelas de primeras letras”, las “enseñanzas civiles”, y en las universidades y establecimientos literarios, la “Constitución política de la monarquía”.

También la Constitución de Cádiz fortaleció los gobiernos locales o ayuntamientos. Y entre las numerosas funciones que se le encargaron a esos organismos estaba el cuidar de todas las escuelas de primeras letras, y de los demás establecimientos de educación común. En consecuencia, junto a la difusión del catecismo católico, se enseñaría el Catecismo político de la Constitución. Por eso, una vez iniciado el movimiento independentista en el continente, especialmente en América del Sur, a la educación se le confirió una dimensión eminentemente política. Como lo ejemplificaba Camilo Hernández, en la Aurora de Chile del 31 de diciembre de 1812: “La generación futura se forma por la educación política de la juventud. [ ... ] La instrucción se comunica de muchos modos. Los discursos patrióticos, la lectura de los papeles públicos, las canciones, la representación de dramas políticos y filosóficos, deben ocupar el primer lugar”.

De los fieles vasallos a la Sabia Constitución
Es importante resaltar que en Costa Rica, debido al dominio impuesto durante tres siglos de hegemonía colonial, la población interiorizó los valores o creencias del imaginario monárquico, como la fidelidad al Rey y a la religión católica. Incluso en el ámbito latinoamericano, las castas, a pesar de la exclusión y explotación a que eran sometidas, fueron partícipes de esos valores. Aun en el plano militar, esos grupos dieron muestras de combatividad y efectividad a lo largo de la colonia.

España, por su parte, por medio de mecanismos militares e ideológicos trató de mantener intacta esa fidelidad. Consecuentemente, al producirse la invasión napoleónica a España, con el propósito de afirmar la autoridad sobre las colonias, el Rey y la Junta Suprema respondieron con dos tipos de acciones: abrir espacios para que las colonias tuvieran algún grado de representación en los organismos de poder metropolitano, y tratar de apuntalar la lealtad y la obediencia entre los vasallos de ultramar.

En relación con el primer punto, las provincias americanas pudieron enviar representantes a las Cortes, y la Constitución de Cádiz convirtió a los súbditos americanos en ciudadanos, es decir, en españoles de ultramar. Con respecto al segundo punto, los esfuerzos de la monarquía se centraron en apelar a la unidad e integridad de la monarquía bajo los postulados del imaginario monárquico. Entonces, se presenta a la nación -en el sentido antiguo o étnicocomo compuesta de dos partes, España e Indias; se resalta la defensa de la religión, por eso se dice que Napoleón (anti-Cristo del género humano) era heredero de la Revolución francesa, la que a su vez era presentada como impía y perseguidora de la religión. Igualmente, con el propósito de reforzar la unidad de los vasallos, a manera de festejo por la entrega de la corona que le había hecho su padre, Fernando VII mandó que “se levantaran pendones a su nombre en toda la monarquía”. (14)

Dentro del simbolismo del poder colonial, el paseo del pendón real expresaba homenaje a la autoridad regia, o sea, era una manera de potenciar obediencia, lealtad y respeto al poder instituido. Hacer despliegue de ese estandarte en las manifestaciones públicas era una manera de buscar protección “frente a los enemigos”. (15)

Apenas llegó esa orden a Costa Rica, en octubre de 1808, el gobernador Tomás de Acosta dispuso organizar las fiestas de proclamación y jura del Rey Fernando VII, en la capital, Cartago. Las juras reales, durante la época colonial eran par-
te de las fiestas reales o tradicionales (del antiguo régimen), llamadas así en oposición a las fiestas revolucionarias o nacionales, surgidas con la Revolución francesa y propias de los estados nacionales. (16)

Se ha dicho que la jura fue la celebración regia más importante, pues permitió manifestar acatamiento y materialización de las órdenes del monarca, aunque él estuviera físicamente ausente. Jurar era expresar fidelidad, lealtad y vasallaje al Rey, pero era esencial que ese acto fuera público. En los reinos y provincias del imperio español esa ceremonia revestía un significado especial, porque los súbditos de ultramar no conocieron en persona a los reyes ni a los príncipes herederos. La ausencia del soberano se subsanaba mediante la utilización de su imagen pintada en los rituales públicos. El arte y la propaganda se mezclaban en la implementación de actividades de reconocida participación pública, como el paseo del estandarte real, las escaramuzas y representaciones teatrales, los fuegos de artificio y luminarias, las corridas de toros, danzas y comparsas enmascaradas. En suma, un espacio especial para inculcar valores como el sincero amor y eterna lealtad al Rey. (17)

Las actividades mencionadas se celebraron en Cartago, entre el 15 y 23 de enero de 1809, con la participación de las principales poblaciones del Valle Central, donde se concentraba la mayor parte de la provincia. Según un historiador del siglo XIX y primeras dos décadas del XX, “la Municipalidad de Cartago mandó escribir en su libro de actas, para perpetua memoria, la relación de aquellas fiestas”. Gracias a esa voluntad, que hoy llamamos política de memoria, sabemos que el 14 de enero hubo repique general en todas las iglesias de Cartago, salvas de artillería mayor, completa iluminación con velas de sebo o cera y antorchas encendidas, gran número de cohetes, mascaradas, desfiles de faroles y música por las arterias centrales, las cuales estaban limpias y acicaladas con guirnaldas y flores”.

El 15, destinado a la proclamación del Rey, fue el más solemne. Con el propósito de sacralizar el acto, en la mañana se celebró una misa cantada de acción de gracias. Ahí estaban presentes el gobernador Acosta, los miembros del Ayuntamiento y los integrantes de las “familias principales” y otros sectores sociales. A estos se les coaccionaba a participar, de lo contrario, podía “castigárseles severamente como enemigos traidores de la Real Corona”.

En esa “esplendorosa liturgia sacramental”, el Misionero Apostólico Fray Manuel Horta pronunció un extenso sermón religioso-político, en el que llenaba de elogios al “Rey Deseado”, invocaba la protección divina, con el objetivo de afianzar las creencias del imaginario monárquico. Ahí recordaba que para defender a “nuestro amado Fernando”, los vasallos habían sabido “tomar las armas, exponer sus vidas para defensa de la religión, del Rey y de la Patria”.

En la tarde, “se llevó a cabo el rito supremo de la fiesta: el juramento de fidelidad y la teofanía real”. Después de algunos actos protocolarios, se efectuó un solemne desfile militar-a caballopor las engalanadas calles alrededor de la Plaza principal. A la cabeza del desfile, figuraban, entre otros, el gobernador y diversos funcionarios, y “vecinos de distición”. La plebe, como comparsa, también participó de la actividad, en el que el orden asignado a los distintos actores sociales tendía, probablemente, a que no quedaran dudas de los sentimientos de fidelidad y adhesión de los grupos subalternos hacia el régimen monárquico.

En la Plaza Mayor, en un tablado o estrado, varios funcionarios, por encargo del Gobernador, daban jubilosamente los gritos de: “Cartago, Cartago, Castilla y los Indios por don Fernando VII”. De inmediato, el Gobernador Acosta pronunció el solemne juramento de fidelidad. Repitió la fórmula tres veces, “al mismo tiempo que hacía tremolar el Real pendón con energía. Las demás autoridades contestaban “Amen” y al unísono, las gargantas de los colonos cartagineses pronunciaron la sencilla frase ritual, manifestando de ese modo la aceptación del monarca. Después del juramento se arrojaron “muchos puñados” de dinero al público entusiasmado hasta el arrebato, ante el tronar de la fusilería y el prolongado tañido de las campañas. Esta acción, propia de una política de pan y circo, acotamos nosotros, ocurría, justamente, en momentos en que la marginal y alejada provincia de Costa Rica sufría escasez [crónica] de metálico.

En la noche, en la misma plaza, se realizó una vistosa función de fuegos de artificio. Una de las figuras era un castillo, que al ser quemado mantuvo encendida, por varios minutos, una consigna que decía: “¡Viva el Rey Fernando VII!”. Para finalizar, se iluminó una Corona (símbolo de la autoridad real) con dos banderas a un lado, una con el escudo de las armas reales y la otra con el de la ciudad de Cartago.

Muy significativo es que durante toda la noche estuvo abierta la Sala Capitular donde estuvo expuesto el retrato de Fernando VII. Un hecho que demuestra la sacralidad de la monarquía en el imaginario monárquico es que “durante la madrugada los vecinos de Cartago llegaron hasta el recinto, con el fin de rendir culto a la áulica imagen borbónica”. (18)

Durante los días siguientes continuaron las festividades a cargo del Batallón Provincial. Hubo encierro de toros, torneos, máscaras, mojigangas, música y bailes. Los días 19, 20 y 21, las fiestas estuvieron a cargo, respectivamente, de las poblaciones de Villa Nueva de la Boca del Monte (San José), Villa Vieja de Cubujuquí (Heredia) y Villa Hermosa (Alajuela). Como en los días previos, hubo encierro de toros, torneos, escaramuzas, bailes, cenas.

El día 22, los festejos estuvieron a cargo del Batallón Provincial, cuyos miembros organizaron otra vez “desfile con toros bravos, espectáculo, corrida y alegre y prolongado sarao”. En esos actos, como en el del día de la Jura, cada grupo manifestó, a través de diversas formas, su adhesión al Rey, pero eso sí, “bajo el ojo vigilante de las autoridades”. El día 23, para culminar los festejos, quiso el Gobernador que se ofreciese al público una diversión teatral. Esto consistió en una loa y entremés (comedia).

“La loa fue un canto de alabanza al Rey Fernando y el entremés una imprecación a Bonaparte”. Según narra Manuel de Jesús Jiménez, “la loa terminó entre nutridos aplausos, pero a juicio del populacho, lo mejor de todo fue el satírico entremés. La acción dramática de esta pieza es muy sencilla: Napoleón juzgado por la justicia y condenado por ella. En la trama figuran pocas personas, a saber: las cuatro virtudes cardinales que hacen de jueces; Siclaco que hace de verdugo; un muñeco combustible que hace de Bonaparte, y el Diablo que viene por el muñeco.

En uno de esos versos se decía:
“Así como arde este fuego ardan los nobles vasallos
en amor, y digan todos:
¡Viva nuestro Rey Fernando!”

Agrega Jiménez: “Al terminar el entremés resonaron en la Plaza de Cartago largo rato los aplausos, y en verdad que no eran infundados. El muñeco había ardido en grandes llamaradas y estallado un gran bombón de su cabeza. El coloso había quedado desquiciado en Bailén y Talavera y ya se veía en lontananza a Waterloo”. (19)

En las festividades promovidas y organizadas por las autoridades coloniales, con el beneplácito de la élite colonial cartaginesa, participaban también esclavos, artesanos, campesinos y peones, sobre cuyo trabajo se sustentaba el estilo de vida de esa élite. Esa fue una ocasión especial para que los costarricas dieran pruebas contundentes -aunque es muy difícil saber que porcentaje de la población participóde amor, obediencia y vasallaje, en fin de apego indiscutible al imaginario monárquico. (20)

La sumisión y lealtad mostradas por los cartagineses (cartagos) en las mencionadas fiestas le valieron el reconocimiento al Gobernador Acosta. Así vemos que el 7 de febrero de 1809 ese funcionario recibió dos medallas grabadas con el busto del “Rey Amado”, las cuales fueron enviadas por las autoridades del Ayuntamiento de Guatemala, en virtud de la lealtad de los “buenos vasallos” de la provincia de Costa Rica. Igualmente le informaban que era urgente nombrar un diputado ante las Cortes españolas, convocadas, como ya se ha afirmado, para iniciar labores en setiembre de 1810. (21)

Es incuestionable que el decreto de las Cortes de 1810, relativo a la libertad política de la imprenta, fue fundamental en el desarrollo de la opinión pública moderna. 

Esta medida, difundida en las colonias españolas, resaltaba que la “facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es no solo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de ilustrar a la nación en general”.

Los alcances de esta medida fueron, en nuestro criterio, predecibles e imprevisibles para los legisladores gaditanos. Lo primero lo demuestra el hecho de que esa libertad era, en realidad, vigilada, ya que debía estar en concordancia con la preservación de los intereses de la nación”, el “patriotismo”, y la fidelidad a la monarquía. Por eso, en el mismo año 1810, se le hacía saber al Gobernador Acosta, el establecimiento del Tribunal de Fidelidad, creado en Guatemala con el propósito de realizar labores de “prevención” y “corrección”. Tarea esencial de ese organismo era “obrar con sagaz energía” “contra los sospechosos traidores del orden público”; [...] contra “todos los que con sus acciones y palabras, muestren un espíritu contrario al de lealtad y justa subordinación de que estamos animados todos los buenos españoles”.

Ese tribunal desde su primera sesión realizada el 9 de junio del año citado, afinó su verdadero blanco de acción. Se precisaba que serían de vigilancia las “conversaciones o especies en que algunos muestran su execrable adhesión a los franceses, o su ánimo perverso de esparcir ideas contrarias a los intereses de nuestra nación”. Y el método para lograr ello eran las “pesquistas secretas” contra “las culpables inteligencias de los adictos al partido francés o sediciosos. Se especificaba que se ocultarían los nombres de los denun-ciantes y los testigos de los “sediciosos”.

El Gobernador Acosta, quien no cesaba en su tarea de hacer méritos en busca de promoción, con el propósito de hacer efectivos esas tareas de “vigilancia” y “corrección”, y con la firme convicción de lograr el “buen orden, unión y armonía de los fieles vasallos” -todavía en un momento en que las Cortes no habían abolido el empleo del término vasalloprescribió en enero de 1811, una serie de normativas sobre el comportamiento que debían seguir los pobladores de Costa Rica. En particular ordenó que en las escuelas que funcionaban en esa época, se debía enseñar “corrección, lealtad y obediencia de los vasallos costarricenses”, propio de una “buena educación cristiana”.

La fidelidad y “corrección” de los vasallos de la provincia de Costa Rica, se manifestó, una vez más, de manera contundente cuando se produjeron los movimientos insurreccionales en noviembre (del año citado) en San Salvador y en diciembre del año supracitado en Granada, los cuales habían sido favorecidos por la efervescencia creada por las Cortes. En esa ocasión, “los vecinos del Barrio de Agua Caliente de Cartago expresaron al cabildo de esa ciudad” estar dispuestos a la más pronta obediencia,... prontos a sacrificios por la Religión, Rey y Patria. Asimismo, como se ha dicho, de Cartago salió el Batallón provincial de Costa Rica para pacificar Nicoya y Rivas en abril de 1812, y ahí, una vez que cumplió con su “misión de paz”, salió en mayo hacia Granada, donde permaneció hasta principios de 1813.

Esta conducta hizo decir a Florencio del Castillo, representante de Costa Rica en las Cortes, que la provincia de Costa Rica se mostró “invariable en los principios que había seguido hasta ese momento”, es decir, “ejemplo de fidelidad, constancia y patriotismo”. Esos méritos fueron bien premiados, pues el propio del Castillo logró que las Cortes de Cádiz le concedieran el 3 de octubre de 1813, el título de ciudad a Villa Nueva de San José, y el de villa a las poblaciones de Heredia, Alajuela y Ujarráz. Y a Cartago se le condecoró con el título de “muy noble y leal”. ¡Distinción que todavía en pleno siglo XXI llena de orgullo a cartagineses letrados!

El viraje de 1812
Muchas cosas empezaron a cambiar, sin embargo, en la alejada, sumisa y soñolienta provincia de Cartago, a partir del momento en que un correo proveniente de Guatemala, llegó a Cartago, en setiembre de 1812, portando un “impreso” de la Constitución Política de la Monarquía Española” y las órdenes de las Cortes que señalaban las formalidades que deberían “observarse en la publicación solemne de la Constitución y la forma bajo la cual debe jurarse”.

Esas disposiciones establecían los días en que debían efectuarse la “publicación solemne y juramento de la sabia Constitución”. Además contenían órdenes a los “alcaldes ordinarios de las poblaciones de Villa Hermosa, Eredia y justicias de los pueblos de Ujarrás, Cot, Quircot, Tovosi, Tres Ríos, Curridabat, Aserrí, Saborío, Pacaca, Barba, para que con los demás principales de sus vecindarios concurriesen en los días señalados para la publicación solemne y juramento de la sabia Constitución”.

Puesto que los procesos de cambio son lentos y nunca lo viejo es borrado completamente, nos parece pertinente indicar que esos actos se realizaron bajo el formato o estructura de las fiestas oficiales, que contemporáneamente han sido denominadas fiestas tradicionales o del antiguo régimen en oposición a las fiestas nacionales, -las que aparecen con el surgimiento de la nación moderna, o revolucionarias, es decir, las surgidas bajo el molde de la Revolución francesa.

En el caso que nos ocupa, resalta el hecho de que a diferencia de las fiestas del antiguo régimen, donde el objeto central de exaltación era el soberano, en esa ocasión lo fue la Constitución. Se ponía así, la primera piedra del constitucionalismo, o sea, el conjunto de principios y normas que definen expresamente los derechos de los ciudadanos y las garantías necesarias para su ejercicio, así como la forma de organización del Estado, basada en la división de poderes y que atribuye la facultad de hacer las leyes al legislativo. (23)

No cabe, en esta ocasión, hacer un recuento de las actividades festivas comprendidas entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre del año citado. Basta con señalar que en esos días hubo repique general de campanas, iluminación de toda la ciudad de Cartago, salvas de artillería, juegos artificiales y música de cuerdas y biento (sic) de todos los barrios y pueblos. Interesa resaltar lo relativo, propiamente, a la jura de la Constitución, la que tuvo lugar el 1 de noviembre. El rito fue particular. Reunidos el gobernador y el Ayuntamiento en la sala capitular, se leyó por parte del escribano la fórmula del juramento establecido en concordancia con la propia Constitución (preámbulo): “Juráis por Dios y por los Santos Evangelios, guardar y hacer guardar la Constitución política de la Monarquía Española, sancionada por las cortes generales y extraordinarias de la Nación y ser fieles al Rey. A lo que el señor gobernador se acercó a la mesa donde estaba una ymagen (sic) de Cristo crucificado y poniendo la mano sobre los Santos Evangelios, dijo: Si juro. Y practicando lo mismo por su orden, los demás individuos del Noble Ayuntamiento dijeron en voz alta: si así lo hiciereis, Dios os lo premie y si no os lo demande”.

Después de ese acto hubo acción de gracias y antes del ofertorio, subió al púlpito el comisario del Santo Oficio, don Feliz Alvarado, quien leyó la Constitución. Posteriormente vino la misa y al final de esta fue “interrogado el pueblo y el clero de una vez”, de la misma forma que lo había sido el Gobernador y el Ayuntamiento. Luego, “el señor Coronel, los Ministros de la Real Hacienda, alcaldes ordinarios de las supradichas poblaciones y justicias de los referidos pueblos”, prestaron juramento al gobernador mediante la fórmula conocida. (24)

De esa manera, después de tres días de fiestas, los costarricenses daban un paso fundamental en el ingreso a la modernidad política, en su versión española, moderada. Desde ese momento, los viejos valores coexistirían con los nuevos o mantendrían parte de las formas, pero cambiando los contenidos. Estos últimos, sin embargo, terminarían por imponerse, como poderosas olas que estallarían en momentos diversos, cambiando todo a su paso.

Un aspecto fundamental desde el punto de vista de la definición de nuevos valores, es que la Constitución de Cádiz tuvo un efecto revitalizador para el régimen municipal (25). En adelante este tuvo, entre otras funciones, el fomento de la educación. Pero además los nuevos y viejos ayuntamientos enfatizaban en el proyecto político de la ilustración; esto es, educar para el ejercicio de la ciudadanía. Así, en concordancia con el artículo 25 de la Constitución de Cádiz, los cabildos se empeñan en que la educación prepare para el disfrute del “honroso título de ciudadano”, y así la juventud pudiera desempeñar “con honor y constancia los deberes y obligaciones que deben a la Religión, a la Patria y así mismos”.
Los cambios impulsados por la Constitución de Cádiz, fueron frenados en 1814, cuando Fernando VII recuperó el trono, con lo cual se produjo el retorno del antiguo régimen y se desencadenó una brutal represión. Por su parte, en Guatemala, Bustamante celebró la abolición de las Cortes y la Constitución: “Organizó el espionaje con habilidad diabólica, premió las delaciones, torturó a los prisioneros y logró en poco tiempo sembrar el terror por todas partes, incluso en lo íntimo de la familia”. (26)

En ese contexto, en Costa Rica, el ayuntamiento de Cartago, con el mismo entusiasmo que en 1812 juró la Constitución, acató con beneplácito una Real Orden que disponía que el 2 de mayo de 1814 debiera celebrarse con júbilo el “aniversario de los mártires de la Patria, esto es, el inicio de la llamada “guerra de independencia de España”. Igualmente, en los primeros días de agosto de 1814, con fiestas populares y actos religiosos se celebró la anulación de esa Constitución y la disolución de las Cortes de Cádiz. En realidad, como lo subrayaba el gobernador Ayala, en 1816, los “costarricas” seguían siendo “fieles amantes de Fernando VII”.

Pero la interrupción abrupta del orden creado por Cádiz, no significó que los esfuerzos de cambio alentados por el espíritu reformista gaditano se congelaran. Hecho revelador de la profundidad con que había calado la ideología liberal ilustrada, es que los mismos ayuntamientos, los que sobrevivieron a la represión desatada en 1814, evocaban los “tiempos de la Constitución”. En la práctica, el accionar de los municipios seguiría teniendo como referente la Constitución y la escuela seguiría difundiendo el balbuciente ideario republicano, al continuar teniendo como tarea la “exposición de los enseñanzas civiles”.

En el marco de la restauración europea (neoabsolutismo), en España la represión fue tan intensa, que ya en setiembre de 1815 se produjo el primer pronunciamiento tendiente a restablecer la Constitución gaditana. En América, el prestigio de la Corona se había debilitado por hechos que iban desde el prolongado gobierno de Godoy, pasando por la acción transformadora de las Cortes, hasta el intransigente absolutismo de Fernando VII, quien alentado por su camarilla llegó a convencerse de que el problema de América solo podía arreglarse mediante el empleo de la fuerza.

Dada la virulencia de los acontecimientos, en la América hispánica solo se necesitaba un catalizador que empujara a la élite y a la burguesía a romper la dependencia colonial. Ese elemento catalizador fue la revolución española de 1820, conocida también como “pronunciamiento”. Este movimiento, en el que participaron logias masónicas, los liberales gaditanos y hasta militares, a pesar de su heterogeneidad, tuvo en común el que se coaligó bajo el lema del restablecimiento de la Constitución.

Presionado por los acontecimientos, el 7 de marzo, Fernando VII convoca a Cortes y el día siguiente, en un nuevo decreto, el Rey dice jurar la Constitución y en otro decreto del 9 de marzo, se determinó la forma en que debía publicarse y jurarse de nuevo la Constitución de 1812, o sea, bajo la fórmula establecida por las Cortes el 19 de marzo de 1812. En consecuencia, en toda la América española se reimprimieron gran cantidad de ejemplares, con el ánimo de llevar a la población el conocimiento de sus derechos fundamentales y se ordenó que en todos los pueblos de la monarquía se realizaran elecciones de alcaldes y ayuntamientos constitucionales.

Difusión del constitucionalismo
A Centroamérica, la orden de la jura de la Constitución de 1812 llegó meses después de que esa directriz fue aplicada en otros lugares. Particularmente en México, la presión popular para que se aprobara la Constitución fue muy grande. En Costa Rica, el Cabildo de la ciudad de Cartago, en sesión extraordinaria del 27 de marzo, conoció la noticia de la jura de la Constitución. No obstante, es evidente que el gobernador de entonces, Juan Manuel de Cañas, conocido por su acendrado celo monárquico, no estaba muy interesado en la jura. Fue necesario, para que esa orden se cumpliera, recibir una comunicación del Capitán General del Reino de Guatemala, Carlos de Urrutia, donde ordenaba y mandaba que se publicara y jurara en todo el Reino la Constitución política de la monarquía.

Urrutia enfatizaba en que “siendo manifiesto el anhelo de los habitadores”, se establecía como fecha para la “publicación” de la Constitución el 9 de julio, acto que debía ser “simultáneo” entre todas las provincias del reino de Guatemala, para lo cual envió quinientas copias del texto constitucional. Igualmente, con una gran importancia en el plano ideológico, con el fin de remover los vestigios del viejo orden, el ayuntamiento de Guatemala recomendaba la “destrucción de todas las picotas en la Plaza Mayor, reemplazándolas con un monumento en honor de la Constitución”

A pesar del celo y preocupación del acomodaticio Capitán General, y del Ayuntamiento de Guatemala, en Costa Rica la publicación de la Constitución no se llevó a cabo en la fecha señalada, ni con la solemnidad demandada por las autoridades guatemaltecas. ¿Será eso casualidad? ¿Esa tardanza, esa apatía, no sería más bien obra del gobernador Cañas?

Según documentación de la época:
“El 29 de julio de 1820, el factor D. Mariano Montealegre, el presbítero D. Rafael Castillo, el Licenciado don Rafael Barroeta, alcalde ordinario y D. Rafael Gallegos, leyeron en la plaza pública de San José, para su publicación, la Constitución española promulgada en Cádiz, el 19 de marzo de 1812, el decreto de la Regencia de 2 de mayo de 1812 y la proclama del Rey D. Fernando VII. Se gritó: ¡Viva la Constitución, Viva la Nación y Viva el Rey!, se repicaron las campanas y se quemaron cohetes. El 6 de agosto, un clérigo leyó en la iglesia parroquial la Constitución y después de la misa se juró.

En este mismo día (29 de julio) el alcalde ordinario de Heredia, D. Pedro Antonio Solares, publicó un manifiesto invitando al público para la lectura de la Constitución, preparó un tablado en la plaza y en la noche hubo repique de campanas, iluminaciones, cohetes y bombas, tocando los tambores en el cuartel y en el tablado las chirimías del pueblo de Barva.

En la mañana del día 30 se condujo el retrato del rey Fernando VII al tablado. A las nueve los vecinos, acompañados de música, fueron a casa del Gobernador y todos se dirigieron al tablado donde se leyó la Constitución. Después de las vivas, se dio un paseo a caballo por las calles y hubo en la noche un sarao. El 6 de agosto se hizo misa, se leyó la Constitución y se juró.

El 30 de julio se leyó y juró en Cartago la Constitución con salvas de artillería, repiques de campanas, iluminaciones durante tres días y otras varías diversiones. En este mismo día fue leída en la plaza pública de Alajuela, y el 6 de agosto se juró en la iglesia, después de su lectura y de la misa. (27)

Aparentemente, los actos de la jura de la Constitución en 1820 fueron menos pomposos que los realizados en 1812. Rafael Francisco Osejo, uno de los más destacados actores de la coyuntura independentista, considerado como “una de las positivas glorias de Nicaragua y de Centroamérica” (28), calificó esos actos de “deslucidos” o “comunes”. Puesto que España no había, en 1812, dado el paso al republicanismo, como lo había hecho Francia en 1792, en Costa Rica, (en los poblados del Valle Central), se reiteró la adhesión a la institución monárquica.Peroseprodujounhechodesingularimportanciaparaunfuturocercano:porprimera vez se lanzaban vivas a la Nación en un sentido moderno, eso es, como depositaria de la soberanía.¡Elnuevoimaginario(elrepublicano)seafianzabacadavezmás!

La prueba de que la difusión de los principios contenidos en el texto gaditano eran un fermento disolvente del régimen colonial en América, lo demuestra el hecho de que el mismo Bustamante lo criticara, pues para él era promotor de “ideas subversivas” y “doctrinas perniciosas” (29). Así, no debe sorprender, entonces, que al conocido bachiller Osejo se le prohibiera pronunciar un discurso, el 30 de julio, donde él pensaba hacer una “apología de la Constitución”.

A partir de ese momento surgió lo que podría llamarse la “cuestión de la constitución”, esto es las continuas disputas entre Osejo y las autoridades cartaginesas, las cuales, de manera reiterada se oponían a que aquel precoz “ciudadano del mundo” difundiera el conocimiento de la Constitución directamente al “pueblo”, en los días festivos, y en forma gratuita.

La cuestión de la Constitución transcendió el ámbito puramente doméstico. Ante la renuencia de las autoridades cartaginesas a que Osejo lograra su objetivo, él se vio obligado a plantear la queja ante el Intendente de León, Miguel González Saravia, (enemigo personal del gobernador Cañas), quien ordenó una suspensión contra Cañas por su proceder y lo conminó a proteger los derechos del “ciudadano don Rafael Francisco Osejo”. Además, la Diputación provincial de León determinó, en marzo de 1821, que en virtud de que una Real Orden mandaba proteger el establecimiento de la cátedra de la Constitución Política de la Monarquía, al Br. D. Rafael Osejo se le deberían facilitar los “auxilios necesarios” para la realización de su cometido.

¿En qué consistía la peligrosidad de Osejo para que se le pusieran tantas trabas en el ejercicio de su magisterio como educador y político?

Para comprender las razones de la actitud hostil hacia Osejo es fundamental saber que gracias a su formación en derecho y filosofía, el renombrado Bachiller, grado obtenido en 1808, era un buen conocedor de Rousseau y como es sabido, él era el autor más satanizado por la Inquisición. En la América española, sus libros eran los más perseguidos por el Santo Oficio, debido a su teoría sobre la soberanía popular. “Así, mientras Osejo se desempeñó como docente en la llamada Casa de Enseñanza de Santo Tomás, (en realidad, una escuela de primeras letras, entre 1814 y 1825), era presentado como “un hombre de extraordinaria capacidad y bondad”, pero al restaurarse la constitución de Cádiz, en 1820, y afanarse él en defender los derechos que esta confería a los ciudadanos, fue visualizado como “un ente retorcido y corrupto” por los absolutistas o partidarios de la monarquía tipo antiguo régimen.

Un capítulo importantísimo de la vida política de Osejo lo constituye la acusación de que fue objeto, por el alcalde de Barba, ante el gobernador Cañas, por “alucinar a los indios y tenerlos sumamente alzados”. Lo cierto es que, Osejo, imbuido de un auténtico espíritu republicano, intentaba hacer realidad la constitución; con hechos, no con simples declaraciones. Por eso se había constituido en defensor de los siete pueblos de indios, (Pacaca, Cot, Quircot, Tobosi, Aserrí, Curridabat y Barba), con el propósito de que los fondos aportados por los indígenas a las Cajas de Comunidad, les fueran devueltos, pues “habían sido manejados inicuamentemente en León”. Osejo, en aras de lograr su cometido, visitaba esas comunidades con el fin de hacerlas conocedoras de su derechos. ¿Y no era eso, justamente, cumplir con la Constitución?

La preocupación por difundir la Constitución de 1812, no se limitó desde luego a un personaje. Igualmente, en 1820, en Cartago, otro actor importante de la coyuntura independentista, José Santos Lombardo, propuso al “Noble y Leal Ayuntamiento de esa localidad, ideas concretas para “ilustrarnos e imponernos en nuestros derechos, cuya puerta nos ha abierto el sagrado código de nuestra inmutable constitución”.

Más aún, en momentos en que germinaba la nación moderna, las Reales Órdenes emitidas en Madrid el 7 de mayo de 1820, y remitidas luego a Costa Rica por Urrutia, afirmaban la necesidad de instruir a la población para que fuera conocedora de los derechos y obligaciones de los que disfrutaba en ese momento, bajo un gobierno moderado y paternal. Puesto que la estricta y completa observancia de la Constitución del Reino, “creaba una situación de felicidad, era imperativo inspirar en la juventud que se educaba el “amor a la ley fundamental, por ser ella finalmente, la esperanza de la patria”. Se trataba, en suma, de educar a la juventud para que llegara a ejercer responsablemente la condición de ciudadanos, bajo el alero protector de la Constitución, a la cual, a la vez, se le debería tributar respeto y veneración.

En concordancia con lo anterior, entre los numerosos puntos que abarcaban esas Reales Órdenes resaltaban los siguientes:
“Los prelados diocesanos cuidarán de que todos los curas párrocos de la Monarquía expliquen a sus feligreses en los domingos y días festivos la Constitución política de la Nación, como parte de sus obligaciones manifestándoles al mismo tiempo las ventajas que acarrea a todas las clases del Estado, y rebatiendo las acusaciones calumniosas con que la ignorancia y la malignidad hayan intentado desacreditarla.
En todas las escuelas de primeras letras y humanidades del reino se explicará por los maestros la Constitución de un modo claro y perceptible a la edad y comprensión de los niños.

Con arreglo del artículo 368 de la Constitución se explicará ésta en todas las universidades del Reino por uno de los catedráticos de leyes; en todos los seminarios conciliares por el catedrático de filosofía moral, si no hubiese curso de leyes; y en todos los estudios públicos y privados de los Regulares por el lector o maestro de filosofía”.

Se percibe en esas directrices, una vez más -propio del tránsito de la modernidad política, vía España –la alianza del binomio iglesia– escuela en la construcción -todavía en ese momento de manera no premeditada– del imaginario republicano. En esas Reales Órdenes, sin duda, se le adjudicaba a la educación una finalidad política, ya que le confería al conocimiento de la Constitución un papel protagónico. Pero el influjo del constitucionalismo se manifestaba, también, en el accionar cotidiano de los ayuntamientos, pues estos establecen como referente la Constitución para orientar su quehacer. Ya fuera para nombrar Alcalde, para establecer escuelas y concebir contratos con los maestros, o para organizar otras ramas del gobierno municipal.

A pesar de la resistencia que algunos sectores recalcitrantes ponían a la aplicación de la Constitución –se le calumniaba y desacreditaba-, ésta se hacía camino al andar en toda la América española, aunque el terreno no fuera igualmente fértil en todas las latitudes. Así, la Diputación provincial de León no solo propiciaba el establecimiento de la Cátedra de la Constitución Política de la monarquía, sino que con la intención de concretar esa disposición, emitió una orden de gran transcendencia: poner en práctica un “Plan interino del examen que han de sufrir los maestros de escuelas de primeras letras”. En respuesta a esa orden, los ayuntamientos hacen esfuerzos para cumplir con esas reglamentaciones, y así tratan de conseguir ejemplares de la Constitución, por intermedio de la Diputación provincial de León. El propósito era muy claro: difundir y enseñar la “sabia constitución”.

En nuestra opinión, en Costa Rica, hacia 1821, el constitucionalismo, como vector de los valores de la modernidad política, formaba parte de la cultura política de los letrados de la época, a la vez que impactaba la vida cotidiana de la población en general, que había recibido las enseñanzas de los derechos civiles por parte de los maestros y de los sacerdotes, siendo el influjo de estos, fundamental para la cultura popular, de tradición esencialmente oral.

Se debe aceptar, sin embargo, que no hay evidencia de que el cuestionamiento de la institución de la monarquía estuviera a la orden del día, salvo en el caso de un pequeño círculo, como lo han afirmado otros autores. Por ejemplo, Cartago, la “muy noble y leal” se sumó a la celebración en recuerdo de “las víctimas sacrificadas en Madrid el 2 de mayo de 1808”. Entonces, para el Ayuntamiento de Cartago se trataba de que en todos los pueblos donde existiesen autoridades, hubiese “formación de tropas, salvas militares y gastos de acuerdo con las posibilidades que cada pueblo pudiese proporcionar para la mayor pompa de esta función tan patriota como religiosa, teniendo presente que las Cortes (...) querían perpetuar por todos los medios posibles la gloriosa aunque triste memoria del dos de mayo”. Igualmente, los cartagos, el 30 de mayo de 1821, celebraron el onomástico de Fernando VII, a quien consideraban “el mejor de los reyes”.

3. Nación moderna: Independencia y república.
En setiembre de 1824, un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica ordenó “perpetuar la memoria del glorioso día 15 de setiembre de 1821, en que el pueblo de Guatemala proclamó su independencia del gobierno español” (31). Este decreto, ha dado origen, en Centroamérica, a que el 15 de setiembre haya sido considerado como la fiesta nacional por excelencia: la de la independencia.

Esa fecha hace alusión a que, como se dijo al inicio de este trabajo, invitada Guatemala por Iturbide a adherirse al plan de Iguala, en esa ciudad el 15 de setiembre de 1821 se emitió la llamada “Acta de independencia de Guatemala”. Por medio de ese documento, de carácter local, es decir guatemalteco, se declaraba “la independencia del gobierno español, bien absoluta o moderada”. Además se hacia una excitativa de independencia a las otras provincias y se les convocaba para enviar representantes a un Congreso, el cual se reuniría seis meses más tarde en la capital guatemalteca. Esta invitación desencadenaría los “sucesos de independencia” en el resto del reino de Guatemala, y la creación de República federal centroamericana.

En Costa Rica, la víspera del 15 de setiembre de 1821, todo era aparente tranquilidad, corrección y felicidad. Pero en realidad desde 1812 se había venido produciendo una “revolución silenciosa”, esto es, una significativa fermentación ideológica a raíz de todos los cambios efectuados en Cádiz. Fermento o levadura que explica la forma en que se produjo la independencia y la particularidad de la constitución de la nación moderna costarricense y el Estado nacional.

En esa época, en la América hispana, la apropiación de la tradición republicana estaba muy extendida, aunque asimilada de una manera muy ecléctica, en relación con Rousseau, Montesquieu y otros pensadores que habían manifestado animadversión hacia la religión y la Iglesia. La república era conceptualizada como lo contrario de la monarquía, o sea, era el equivalente de gobiernos electivos, separación de poderes, constituciones escritas, derechos individuales e igualdad jurídica para sus ciudadanos. Y en el marco del neoabsolutismo o Restauración en Europa, era distintivo de Hispanoamérica el que la república se visualizara como antinomia de monarquía. (32)

En el caso costarricense, se ha afirmado que de los círculos letrados que compartían los principios liberales, tan solo unos pocos individuos albergaban “el deseo de emancipación”, no obstante, al conocerse el acta del 15 de setiembre quedó claramente evidenciada la existencia de dos grupos bien diferenciados: los republicanos y los imperialistas. El primer bando se localizaba en las poblaciones de Alajuela y San José, esta última favorecida esencialmente por las actividades tabacalera y cafetalera. El segundo bando se ubicaba en Heredia (verdadero bastión imperialista) y en la “fiel” Cartago.

La fermentación ideológica que experimentaba Costa Rica, a la que nos hemos referido, se comprueba por el hecho de que una vez conocida el Acta de Guatemala, los costarricenses actuaron con rapidez y, a pesar de ciertas ambigüedades, en unas pocas semanas aprobaron (el 1o de diciembre de 1821) el Pacto Social Fundamental Interino o Pacto de Concordia, el cual, pese a su provisionalidad, fue evidentemente la primera constitución política del país como Estado independiente. Ahí se proclama, en el artículo 1o, “el precioso sistema de independencia del gobierno español”, por lo que podría considerarse como el “acta de independencia de Costa Rica”.

Ese texto constitucional, considerado como “la primera carta fundamental de la nacionalidad costarricense” aunque mantuvo a la constitución de Cádiz con carácter supletorio, adoptó la forma republicana de gobierno, en los términos definidos anteriormente, es decir, “Costa Rica nació republicana”. La adopción del republicanismo era resultado, a su vez, de la emergencia de Costa Rica como nación moderna, esto es, el conjunto de ciudadanos en los cuales reside la soberanía popular. Esta es la nueva fuente de legitimidad o autoridad. Así, según Dominique Shnapper, a diferencia de la nación étnica (existente desde la antigüedad), la nación moderna, es la forma política de la edad democrática contemporánea, es un acto político que nace con las revoluciones americana y francesa. “Es una comunidad de ciudadanos, distinta del Estado, la que le da el carácter específico a la nación democrática entre las unidades políticas”. (33)

La independencia, significó, entonces, para Costa Rica, romper con las fidelidades del antiguo régimen y adoptar un nuevo pacto social, propio del imaginario republicano. El paso del ciudadano vecino al ciudadano soberano, la asociación entre vida republicana y libertad, explican el que desde diciembre de 1821, el Pacto de Concordia fuera visualizado como “estatuto de la libertad”, y se solicitara guardar el 1o de diciembre como “recordación festiva de la memoria de la libertad”. Igualmente desde finales de 1821, ese año sería evocado como “año primero de nuestra libertad”. ¿Analogía con la proclamación de la república en Francia? ¿Vocabulario jacobino? Definitivamente, en unos pocos meses del año 1821, en Costa Rica se produjo una especie de “aceleración de la historia”, al punto que entre los pobladores de Costa Rica que participaban en las nacientes estructuras de poder político, afloraba, como en otras latitudes, la conciencia de ruptura: de un antes y un después.

Ejemplo contundente del cambio que provocó el surgimiento de la nación moderna y el republicanismo en Costa Rica, como producto de la independencia, vista ésta no como un capítulo de la historia batalla, sino como un cambio en las mentalidades colectivas, es el protagonismo que desde 1821 adquirió el término ciudadano. Se constata, que en el Pacto de Concordia, el capítulo tercero es denominado “De los ciudadanos” y en los dos años siguientes se generaliza el uso democrático de ciudadano. Las personas o funcionarios son denominados “legítimo ciudadano”, el “conocido patriota”, el “ciudadano diputado”, el “ciudadano secretario”, o bien, el presbítero “ciudadano Pablo”.

Asimismo, se generalizó la costumbre de suprimir la preposición de en los nombres de familia que la tenían, pues se suponía “que ésta era en los apellidos españoles, como en los franceses, prueba de nobleza”. Además, desde 1822 se producen cambios “hasta en el indumento y adorno de las personas [...] Los hombres del pueblo se cortaron ese año las melenas que solían usar y los de clase alta las colitas características de fines del siglo XVIII y principios del XIX”. (34)

Para terminar, cabe precisar que la presión militar ejercida desde diciembre de 1821 por el imperio de Agustín Iturbide llevó a que Guatemala decidiera anexarse a México en 1822 (enero), y Costa Rica también se incorpora, en forma ambigua por un tiempo (enero de 1822 a marzo de 1823); aunque la anexión a México nunca se concretó. En realidad, “el factor mexicano” estimuló a las poblaciones de Heredia y Cartago a seguir siendo fieles al imperio mexicano, en espera de que Fernando VII volviese a restaurar su poder de manera absolutista. Así, los imperialistas, enemigos declarados de la República, con el apoyo de elementos religiosos, se levantaron en armas, en Cartago, el 29 de marzo de 1823, pero el 5 de abril fueron vencidos, en Ochomogo, por las fuerzas provenientes de San José. Derrotados los nostálgicos del antiguo régimen, el atributo de la independencia, esencial para el naciente Estado nacional, se consolidó. Del mismo modo se afirmó, definitivamente, el atributo de republicanismo, el cual una vez desaparecido el imperio de Iturbide (marzo de 1823) nadie volvería a cuestionar.

¿Revolución desde arriba? ¿Especificidad de la “vía costarricense” de la independencia?

comments powered by Disqus